Una “perra gorda”. Exactamente esa era la cantidad que el abuelo de una compañera de trabajo daba, en los tiempos en los que esa moneda aún era algo, a cada uno de sus hijos si se iban a la cama sin cenar. Dar una “perra chica” hubiese sido ser realmente tacaño.
Tamaña generosidad debería haber escamado a sus vástagos pero, lo que es la inocencia, todos los que accedían al vil metal caían sin remisión en la trampa porque justo al día siguiente, les pedía idéntica moneda si es que querían desayunar.
Algo parecido es, salvando las distancias y, sobre todo, el tiempo, lo que pretende hacer el actual gobierno con la modificación legislativa en materia de trafico que propugna y que se puede resumir en “se necesita pasta, interesados conculcar la normativa vial”. Por un lado se proponen medidas que palien la crisis que sufrimos, siempre unos más que otros, inyectando fondos en los bancos para que el dinero circule y garantizando los depósitos bancarios de los españoles, ¡faltaría más!, hasta 100.000.- € por titular. Con la otra mano, sin embargo, se pretende cobrar las sanciones por infracciones viales en el plazo de un mes. Se acabo eso de recurrir, algo a lo que se tiene completo derecho, y dilatar el pago “sine die”. Por supuesto de mejorar los trazados, eliminar puntos negros, instalar más sistemas “anti-railes” que mejoren la siniestralidad entre los moteros etc, no se habla. El español solo aprende si se le acaricia el bolsillo.
Vaya por delante que soy plenamente consciente, al igual que el resto de los conductores, o eso quiero creer, que se cometen, seguramente cometemos, autenticas atrocidades al volante. Quien este libre de pecado que tire la primera piedra o que levante la mano y así le conoceremos. No estoy tan convencido, en cambio, de que la reforma tenga el efecto disuasorio que realmente, o eso quiero pensar, pretende.
La medida propuesta es harto complicada o no, vaya usted a saber. Es cierto que el procedimiento sancionador tiene unos plazos notoriamente superiores al mes en cuestión. Es cierto también que, agotada la vía administrativa, al ciudadano le queda abierta la vía contenciosa, que aunque onerosa, entre honorarios abogado y procurador es fácil superar la cuantía de la sanción, se tiene derecho de ejercitar. Pero no es menos cierto que muchos ayuntamientos incluyen como partida de ingreso en los presupuestos unas cifras, en el caso del de Madrid, pongamos por caso, absolutamente astronómicas procedentes de lo que “se estima” ingresará el organismo por sanciones, concepto en el, indudablemente, se incluyen las impuestas en relación con la seguridad vial. El lógico pensar que cuanto antes se cobre ese ingreso mejor y a eso parece tender esta nueva medida.
El tema, hasta ahora, lo tenían claro muchos entes con potestad sancionadora, el ejemplo mencionado del Ayuntamiento de Madrid es paradigmático. ¿El ciudadano tiene derecho a recurrir en la vía Administrativa?. Claro que si. Otra cosa muy distinta es que su recurso vaya más allá del simple pataleo. La situación es, más o menos, así; Alguien recibe una denuncia por una multa y alega lo que a su derecho conviene. La administración contesta sin estimar las alegaciones, e incluso dándolas por no presentadas. Nuevo recurso ante el órgano superior y repetición de la historia. Final cierto, la vía administrativa se agota y queda la contenciosa, a la que pocos recurren y ¡¡Voila!!. Sanción que se convierte en definitiva y, que de no hacerse efectiva, se seguirá su cobro por la vía de apremio y con recargo. No pierdan cuidado, en lo que atañe a las notificaciones de cada acto administrativo porque todo esta previsto: si el receptor del acto no lo recibe, porque no quiere, o porque no se le localiza, se publica en un periódico oficial y ya se puede dar por notificado. Buen sistema pero muy, muy, lento. Había que mejorarlo.
Visto lo visto. No es fácil discernir quien incito a quien. ¿Fue el gobierno por si solo o en compañía de otros, los ayuntamientos por ejemplo, quien cavilo sobre el particular?. ¿Fueron los entes locales por si mismos y en completa soledad?. ¿Han sido ambos y así no hay que nutrir de fondos a estos últimos por los primeros?. ¿Quien lo sabe?.
De todos modos, lo mismo ocurre que lo relatado anteriormente solo obedece a un pensamiento ciertamente retorcido e infundado y lo que pretende el Gobierno no es recaudar más y en un plazo más breve, sino que es, lisa y llanamente, quitarse de encima a esa enorme cantidad de empresas a las que se ha dado en llamar “quitamultas” y que tanto, y para tan poco, trabajo les están dando. Si, además, el españolito de a pie llega a comprender que es por su bien y termina por no conculcar la norma es algo que iremos viendo.
Tamaña generosidad debería haber escamado a sus vástagos pero, lo que es la inocencia, todos los que accedían al vil metal caían sin remisión en la trampa porque justo al día siguiente, les pedía idéntica moneda si es que querían desayunar.
Algo parecido es, salvando las distancias y, sobre todo, el tiempo, lo que pretende hacer el actual gobierno con la modificación legislativa en materia de trafico que propugna y que se puede resumir en “se necesita pasta, interesados conculcar la normativa vial”. Por un lado se proponen medidas que palien la crisis que sufrimos, siempre unos más que otros, inyectando fondos en los bancos para que el dinero circule y garantizando los depósitos bancarios de los españoles, ¡faltaría más!, hasta 100.000.- € por titular. Con la otra mano, sin embargo, se pretende cobrar las sanciones por infracciones viales en el plazo de un mes. Se acabo eso de recurrir, algo a lo que se tiene completo derecho, y dilatar el pago “sine die”. Por supuesto de mejorar los trazados, eliminar puntos negros, instalar más sistemas “anti-railes” que mejoren la siniestralidad entre los moteros etc, no se habla. El español solo aprende si se le acaricia el bolsillo.
Vaya por delante que soy plenamente consciente, al igual que el resto de los conductores, o eso quiero creer, que se cometen, seguramente cometemos, autenticas atrocidades al volante. Quien este libre de pecado que tire la primera piedra o que levante la mano y así le conoceremos. No estoy tan convencido, en cambio, de que la reforma tenga el efecto disuasorio que realmente, o eso quiero pensar, pretende.
La medida propuesta es harto complicada o no, vaya usted a saber. Es cierto que el procedimiento sancionador tiene unos plazos notoriamente superiores al mes en cuestión. Es cierto también que, agotada la vía administrativa, al ciudadano le queda abierta la vía contenciosa, que aunque onerosa, entre honorarios abogado y procurador es fácil superar la cuantía de la sanción, se tiene derecho de ejercitar. Pero no es menos cierto que muchos ayuntamientos incluyen como partida de ingreso en los presupuestos unas cifras, en el caso del de Madrid, pongamos por caso, absolutamente astronómicas procedentes de lo que “se estima” ingresará el organismo por sanciones, concepto en el, indudablemente, se incluyen las impuestas en relación con la seguridad vial. El lógico pensar que cuanto antes se cobre ese ingreso mejor y a eso parece tender esta nueva medida.
El tema, hasta ahora, lo tenían claro muchos entes con potestad sancionadora, el ejemplo mencionado del Ayuntamiento de Madrid es paradigmático. ¿El ciudadano tiene derecho a recurrir en la vía Administrativa?. Claro que si. Otra cosa muy distinta es que su recurso vaya más allá del simple pataleo. La situación es, más o menos, así; Alguien recibe una denuncia por una multa y alega lo que a su derecho conviene. La administración contesta sin estimar las alegaciones, e incluso dándolas por no presentadas. Nuevo recurso ante el órgano superior y repetición de la historia. Final cierto, la vía administrativa se agota y queda la contenciosa, a la que pocos recurren y ¡¡Voila!!. Sanción que se convierte en definitiva y, que de no hacerse efectiva, se seguirá su cobro por la vía de apremio y con recargo. No pierdan cuidado, en lo que atañe a las notificaciones de cada acto administrativo porque todo esta previsto: si el receptor del acto no lo recibe, porque no quiere, o porque no se le localiza, se publica en un periódico oficial y ya se puede dar por notificado. Buen sistema pero muy, muy, lento. Había que mejorarlo.
Visto lo visto. No es fácil discernir quien incito a quien. ¿Fue el gobierno por si solo o en compañía de otros, los ayuntamientos por ejemplo, quien cavilo sobre el particular?. ¿Fueron los entes locales por si mismos y en completa soledad?. ¿Han sido ambos y así no hay que nutrir de fondos a estos últimos por los primeros?. ¿Quien lo sabe?.
De todos modos, lo mismo ocurre que lo relatado anteriormente solo obedece a un pensamiento ciertamente retorcido e infundado y lo que pretende el Gobierno no es recaudar más y en un plazo más breve, sino que es, lisa y llanamente, quitarse de encima a esa enorme cantidad de empresas a las que se ha dado en llamar “quitamultas” y que tanto, y para tan poco, trabajo les están dando. Si, además, el españolito de a pie llega a comprender que es por su bien y termina por no conculcar la norma es algo que iremos viendo.
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